El presidente anuncia en el Congreso durísimos recortes y una
drástica subida de impuestos. Reducirá el subsidio de paro, aumentará el
IVA del 18% al 21%, rebajará el número de concejales y se quitará la
paga extra de Navidad a funcionarios y cargos públicos. Reconoce que no
tiene "libertad" para implantar otra política
JUANMA ROMERO (@JuanmaRomero)
Madrid
11/07/2012 09:15
Actualizado: 11/07/2012 22:31
"Usted ya tiene su 12 de mayo. Este es su 12 de mayo".
Josu Erkoreka, portavoz del PNV en Madrid, dibujaba en pocas palabras
la sensación de flashback que inundó irremediablemente el Congreso esta mañana negra.
El Mariano Rajoy de hoy que tenía que dar cuentas de la cumbre del
Consejo Europeo de junio y del viraje radical de su política económica
se parecía mucho, muchísimo,
al
José Luis Rodríguez Zapatero del 12 de mayo de 2010, cuando el entonces
presidente del Gobierno anunció el que se dio en llamar el mayor
tijeretazo social de la historia de la democracia, el que marcó el inicio del fin de su mandato.
Las
palabras se quedaron esta mañana cortas para definir el brutal hachazo
que el Gobierno del PP asesta al Estado del bienestar. De hasta
65.000 millones de euros en dos años y medio,
casi cinco veces más del aplicado por Zapatero en 2010 (15.000 millones).
Con castigos tan impopulares como la subida del IVA,
la reducción de las prestaciones por desempleo, la supresión de la paga
extra de Navidad a los funcionarios públicos, la reordenación de las
Administraciones Públicas, el ajuste adicional de 600 millones de euros
en los ministerios, otra merma a las ayudas a partidos y sindicatos, la
reforma de las pensiones o el alza de los impuestos medioambientales.
Sin que, en contrapartida, se grave más a las rentas más altas.
Pero ese espectacular recorte quedó revestido con la misma letanía que
acompañó también al discurso del anterior jefe del Ejecutivo: no hay más
salidas, esto es lo hay que hacer, no se puede hacer otra cosa. Y aún
más:
Rajoy reconoció que España está tutelada, sin manos libres, sin autonomía.
Intervenida, a fin de cuentas, aunque en ningún momento empleó esa
palabra. "Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos
elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios.
No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas", expuso a las claras.
"Hacemos lo que no nos queda más remedio. Estoy haciendo lo que no me gusta", asume
El
presidente tuvo también que asumir que ha devorado por completo su
programa electoral. "No disponemos de más ley ni de más criterio que el
que la necesidad nos impone. Hacemos lo que no nos queda más remedio que
hacer, tanto si nos gusta como si no.
Yo soy el primero en estar haciendo lo que no me gusta", sostuvo, casi implorando perdón a sus votantes.
Ajustes "no agradables", pero sí "imprescindibles"
La
retórica dramática, churchilliana, centrada en la cultura de los
esfuerzos sin cuento con la esperanza de una recuperación sin fecha,
hizo de puesta en escena del anuncio de una batería de medidas que el
propio Rajoy
asumió que "no son agradables" y "duelen a cada persona", pero que sí son "imprescindibles".
El
presidente tardó en entrar en materia, intentando retrasar el sinsabor
del relato de los ajustes obligados por la Unión Europea y motivados por
el desbocamiento del déficit
–3,41% del PIB hasta mayo, nueve milésimas menos del tope de todo el año, 3,5%–.
Lo prologó con la información del Consejo Europeo y de los acuerdos
alcanzados con los países del euro. Después desenfundó el cuchillo y
desembuchó medida tras medida de forma rápida, con gesto serio, como en su día hizo Zapatero [ver aquí un listado de todas ellas].
Aunque no con la imagen cansada y con ojeras que lució en 2010 el
expresidente. Esta vez no envió a sus ministros a quemarse ante la
opinión pública. Esta vez lo hizo él mismo, asumiendo todo el coste de
la impopularidad de su iniciativa.
Aumentarán los impuestos del tabaco y se reforman los tributos verdes
Los recortes de Rajoy (los nuevos,
porque el serial empezó el pasado 30 de diciembre) contemplan medidas de rebaja del gasto y de aumento de los ingresos. De todas ellas, quizá la más dolorosa y
la de mayor impacto es la subida del IVA que aprobará el Consejo de Ministros de este viernes.
El tipo general aumentará tres puntos –del 18% al 21%–; el reducido,
dos, del 8% al 10%, y el superreducido, el que se aplica a productos de
primera necesidad, se mantiene en el 4%.
Rajoy en su día criticó furibundamente el alza aprobada por Zapatero, jamás dijo que subiría la imposición al consumo en campaña electoral y, ya en el poder,
intentó resistirse a la evidencia.
Pero al final cayó. No se esforzó en renegar de sus contradicciones:
"Yo me he opuesto a la subida del IVA. Sí, sí, me he opuesto, no tengo
ningún problema en decirlo. Lo sabe todo el mundo, ¿para qué voy a
negarlo?".
El aumento del IVA irá de la mano de
una subida de los impuestos del tabaco
y de una reforma de la tributación medioamiental, bajo el principio de
"quien contamina paga". No aportó mayor concreción. Como contrapeso, se
aprobará una
rebaja de las cotizaciones sociales que abonan los empresarios
–menguarán un punto en 2013 y otro punto más en 2014– y se realizarán
modificaciones en el sistema de pago fraccionado de Sociedades. Además,
elimina la deducción por compra de vivienda, que el Gobierno recuperó en diciembre.
Obedeció así sin rechistar a lo que le exigían la UE y
el FMI.
Fuera la paga también de diputados y senadores
El
segundo retoque de calado afecta a la prestación por desempleo, en
muchos casos el sustento básico y único para los 5,6 millones de parados
del país. El subsidio seguirá percibiéndose 24 meses como máximo y se
mantendrá el importe actual durante el primer semestre. Pero aquí viene
el cambio: con el objetivo teórico de "animar a la búsqueda activa de
trabajo",
los que se sumen a la cola del paro verán menguada su prestación a partir del sexto mes del 60% al 50% de la base reguladora. Se exigirá haber trabajado para acceder a la renta activa de inserción.
Recortes en dependencia y reducción de los liberados sindicales
A su vez, se llevará al Pacto de Toledo un proyecto de ley para "
acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad". Esto es un elemento que se introdujo en la
reforma
de las pensiones que aprobó Zapatero en 2011, que establece que a
partir de 2027 se revisarán los parámetros fundamentales del sistema
(entre ellos, la cuantía de la prestación), en función de la esperanza
de vida de la población. En suma, lo que pretende el Ejecutivo es
adelantar esa fecha, hacer que se estudie antes de 2027 la modificación
de las pensiones. Por otro lado, se endurecerá el acceso de la
jubilación anticipada.
Tajo también a la dependencia, otra de las vacas sagradas que el presidente prometió dejar a resguardo: "
Se racionalizará el gasto en el sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas".
No hay por ahora más pormenor que lo adelantado ayer martes por Ana Mato, ministra de Sanidad. Al tiempo, se suprimirá un "gran número de las actuales bonificaciones a la contratación, salvo las
relativas al nuevo contrato para emprendedores", que introdujo la reforma laboral de Fátima Báñez, "o a la inserción laboral de las personas discapacitadas".
Bajo
el rótulo "revisión integral de la función pública", Rajoy enmascaró un
profundo empeoramiento de las condiciones de los funcionarios. Se les
reducirá el número de días de libre disposición –los llamados
moscosos–,
se "ajustará" el número de liberados sindicales a lo previsto por la ley –
sigue el presidente la estela ya iniciada por Esperanza Aguirre en 2012–,
"se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal a
las del resto de trabajadores" y se "facilitará" su movilidad. Y lo más
importante: se les quitará, a funcionarios y cargos públicos de todas
las administraciones, la
paga extra de Navidad en 2012. Rajoy pidió que ese "esfuerzo" fuera compartido por
diputados y senadores.
Una reclamación que saldrá seguro sin contratiempos, ya que las Cortes
son controladas por mayoría absoluta por el PP. A los empleados
públicos, y sólo a ellos, se les compensará la suspensión de su paga de
Navidad en 2015, pero no en metálico en sus cuentas, sino a través de la
"correspondiente aportación en el fondo de pensiones".
Cambios en las administraciones
El
presidente cosechó de los diputados de su bancada uno de los primeros
aplausos tras el anuncio de una medida más populista que otra cosa:
el recorte en un 30% del número de concejales
por tramos de población, para lo que tendrá que cambiar la Ley
Electoral. Se fijará en la Ley de Presupuestos la retribución de
alcaldes y ediles en función del tamaño del municipio. Se producirá una
"drástica reducción –e incluso eliminación– de empresas públicas en el
ámbito local para evitar "duplicaciones y triplicaciones de servicios".
Los ministerios sufrirán otro mordisco de 600 millones en 2012
Los
ajustes irán acompañados de una reforma de la Administración local ya
esbozada en las últimas semanas. Se delimitarán las competencias de cada
escalón de la Administración, se descarga a los ayuntamientos de las
llamadas competencias impropias, se controlarán las cuentas públicas con
el "fortalecimiento de la
imparcialidad del interventor municipal y funcionarios con habilitación de carácter nacional" y finalmente
se refuerza el papel de las diputaciones provinciales para centralizar la prestación de servicios. El ahorro estimado con la reforma es de unos 3.500 millones de euros.
Las
comunidades autónomas serán obligadas a apretarse su ya más que corto
cinturón y tomar las decisiones que hagan falta para conseguir alcanzar
sus objetivos de déficit. Aunque mañana jueves se concretará en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el presidente ha
confirmado que se pondrá en marcha un "instrumento financiero que
garantice la liquidez suficiente para que las CCAA hagan frente a sus
compromisos financieros". O sea, los llamados
hispanobonos.
Aquellas regiones que se acojan al plan deberán apencar con más
recortes y subidas de impuestos o, en la terminología gubernamental, una
"condicionalidad y control adicionales del Estado".
El gasto en los ministerios se reducirá en
600 millones de euros adicionales.
Una evidencia más de que los Presupuestos Generales del Estado de 2012,
que llevan en vigor apenas una semana, ya no sirven. La tijera se
meterá en los créditos destinados a subvenciones, gastos corrientes y
transferencias. Para 2013, el Gobierno menguará más aún las ayudas a
partidos, empresas y sindicatos.
Se contraerán un 20% más,
cuando ya en este ejercicio habían decrecido en la misma cantidad.
Para
el epílogo dejó Rajoy otras medidas de contenido más difuso: ley de
unidad de mercado, implantación de un mecanismo "ágil" de resolución de
conflictos entres las administraciones y los operadores económicos,
liberalización del sector servicios, reforma energética y
flexibilización de los horarios comerciales. Se llevará a cabo
igualmente la liberalización y, en su caso,
privatización de los servicios asociados al transporte ferroviario, portuario y aeroportuario.
Situación "extraordinariamente grave"
Gritos de "¡Dimisión, dimisión!" al término del discurso del presidente
"El
panorama que he presentado es más bien sombrío". Rajoy culminaba así la
andadura de un relato que, a diferencia de otras ocasiones, no estaba
preñado de referencias a la herencia recibida por el PSOE. "Nos
encontramos en una situación extraordinariamente grave y es preciso
corregirla con urgencia", reforzó Rajoy. "Tenemos que salir de este
atolladero y necesitamos hacerlo cuanto antes.
Y aquí no caben ni fantasías ni ocurrencias.
Porque no hay mucho que escoger: o reducir los gastos o aumentamos los
ingresos, o si no nos queda más remedio, hacemos ambas cosas". El
presidente ensayó un ejercicio de contrición: "Dije que bajaría los
impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio. Ni renuncio a
bajarlos cuando sea posible, pero
han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas. Hago lo único que se puede hacer para salir de esta postración".
Un alegato semejante al "me cueste lo que me cueste" que entonó Zapatero en el debate del estado de la nación de 2010.
Y
como Zapatero, Rajoy apeló a la unidad colectiva, a la "colaboración de
todos". Porque tras el dolor y el látigo, vino a decir, llegará la
tierra prometida, la recuperación de la crisis: "
¿Servirán de algo tanta estrechez y tantas apreturas? La respuesta es un sí con toda rotundidad.
Estoy convencido de que al final del sacrificio nos espera la
recompensa", pues España aún conserva "fortalezas económicas,
estructurales, demográficas, incluso morales".
El pleno recibió
con profundo malestar el discurso de Rajoy. El rumor fue creciendo de
menos a más, según el presidente soltaba, una tras otra, medida dura
tras medida dura.
Al final, entre el aplauso de su bancada, puesta en pie, se oyeron gritos de la izquierda: "¡Dimisión, dimisión!".
La sangre del sistema
El
presidente se dispuso a escuchar la lluvia fina y constante de
reproches de la oposición desde su escaño, de izquierda y derecha.
El resto del Gobierno escuchaba con rostro grave, circunspecto.
No era para menos, visto el durísimo varapalo que Rajoy acababa de
propinar a su programa, a su imagen. En la réplica, el jefe del
Ejecutivo no aportó argumentos ni datos nuevos. Sólo más cucharadas de
dramatismo.
Tampoco zahirió a un Alfredo Pérez Rubalcaba que en su intervención inicial había sacado poco colmillo. Es más, le agradeció su apoyo.
El Ejecutivo insiste en que no puede dejar que se hundan los bancos
Primero
respondió a las críticas de que su Gabinete destina más dinero a la
banca y a los poderosos mientras empobrece a los españoles. Subrayó
entonces que el salvamento de la banca era necesario, porque el sistema
financiero es a la economía de un país lo que la sangre representa para
el cuerpo humano. Sin él, "no habrá ni bienestar ni riqueza". Razón por
la que el Gobierno no puede "dejar que se hundan" los bancos. Además,
las condiciones del rescate –palabra todavía tabú en el diccionario del
PP– son "muy buenas" y no imponen una "condicionalidad macroeconómica".
Rajoy pretendió desenlazar las imposiciones que el Eurogrupo marca al sistema financiero de las
exigencias que Bruselas fija para España por el descontrol de su
déficit, y que obviamente son las que han obligado a tomar las medidas
anunciadas hoy. De esa anilla colgó sus reproches al Ejecutivo de
Zapatero, pues de no haberse encontrado un agujero del 8,9% con que se
cerró 2011, la situación sería otra.
Rajoy
presumió de que sus recortes miran "el interés general" de los españoles y que son "justos y equitativos".
Quiso hacer ver que había arremetido contra los poderosos como nunca
antes nadie se había atrevido: "Nosotros hemos rebajado los sueldos de
los presidentes y consejeros delegados de entidades financieras con
ayudas públicas, cosa que no había hecho antes nadie. Nosotros hemos
subido el impuesto sobre la renta de las personas físicas con un recargo
más progresivo que el que nunca antes se haya establecido. Por tanto,
no puedo aceptar la crítica, porque no es justa, de no ser justo y
equitativo a la hora de tomar decisiones".
El presidente de que sus medidas "miran el interés general" y son "equitativas"
La
última palabra del presidente llegaría pasadas las tres de la tarde.
"Por este camino este país se va a ir muriendo poco a poco de forma muy
mejorada", le había augurado Cayo Lara, comparando España con un enfermo
terminal que antes de morir experimenta una ligera mejoría. Rajoy tomó
la acusación para engarzar su mensaje de cierre: "Creo que el Gobierno
–lo puedo decir un día como hoy,
complicado, en un día
en que hemos tomado decisiones de esas que a casi nadie le gusta tomar–
tiene los objetivos claros, tiene un rumbo y sabe cuáles son los
instrumentos.
Yo tengo la total y
absoluta confianza de que este partido, este equipo, con este programa
económico que he presentado, va a lograr sacar a España de la crisis".
La duda es la misma de siempre: si el empacho de ricino funcionará esta vez.
Y si el final de la agonía llegará pronto. A eso Rajoy no puso fechas, ni calendarios.
