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MANIFIESTO POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD




La escuela pública es el resultado de un enorme esfuerzo de toda la sociedad para transmitir su cultura, sus valores y sus conocimientos a las generaciones venideras. La finalidad de este esfuerzo es no sólo formar personas, sino también ciudadanos. Es además un derecho que nuestra Constitución reconoce a todos los españoles.

La calidad de nuestra democracia depende de un sistema educativo público orientado a favorecer la igualdad de oportunidades, que posibilite un auténtico ejercicio de la libertad. Para la Democracia tanto la libertad como la igualdad son imprescindibles, si alguno de estos dos pilares falla nuestra democracia se resentirá. La escuela pública antepone los fines sociales y el bien común a los intereses individuales, garantizando la cohesión social y territorial. La prueba es que los centros públicos escolarizan al 80% de la población inmigrante, mientras el modelo concertado apenas alcanza a escolarizar al 20% restante.

Defendemos una enseñanza pública, gratuita y laica con objetivos educativos comunes y financiada suficientemente por medio de un sistema fiscal justo y progresivo. Una red pública única cuyo desarrollo vaya haciendo innecesarios los conciertos educativos.

El proyecto de ley que se está debatiendo en el parlamento español va claramente en contra de estos principios ya que favorece claramente una educación privada, clasista, segregadora, adoctrinadora y economicista.

El proyecto de ley se ha realizado sin hacer previamente un análisis serio  y riguroso  de la situación  de la educación  en el Estado Español. No se ha promovido el debate ni el consenso con la comunidad educativa ni con las fuerzas políticas representadas en el parlamento.  El sentido común  y la razón indican que lo con un amplio  consenso  de la Comunidad  Educativa y de toda la sociedad  será posible mejorar el Sistema. Educativo.

Nos  parece cuando menos contradictorio, por  no decir  cínico, definir  como  primer  objetivo de esta reforma la “mejora de la calidad  educativa. En este sentido la LOMCErepite los errores  de  otras anteriores y se presenta sin  una ley de financiación y todo ello en un contexto de brutales recortes que venimos padeciendo desde el inicio de la crisis. Se han despedido mas de 100.000 profesores, con las consecuencias que ello conlleva de más horas de  clase  para los docentes y más alumnos por aula; aumento de las tasas académicas en las etapas no obligatorias así como en servicios  esenciales, como los comedores escolar.es; tan sólo en este año  se ha presupuestado 50 millones  menos  para becas,

Consideramos que la Educación  debe estar al servicio  de la formación  integral  de la persona y no de los vaivenes del mercado  laboral.  Por eso  no compartimos   en absoluto las premisas del primer  párrafo del anteproyecto, en el que se apuesta por  una  concepción   de  la educación   marcadamente mercantilista, hablando   de “motor  que  promueve  la competitividad   de  la economía”,   o como  “una  apuesta por conseguir  ventajas  competitivas en el mercado  global”.

Este proyecto de ley convierte la educación  en una carrera de obstáculos   con continuas  reválidas. Apuesta así por una enseñanza   basada  en la presión  del examen, frente a un  modelo  educativo  centrado en  las necesidades y motivaciones del alumnado que posibilite la mejor  formación  para todos y todas. En vez de buscar estrategias y formas  de motivar y entusiasmar  al alumnado  por el conocimiento  y el aprendizaje, se concibe  la educación   como  un  camino  de  penitencia y sufrimiento,  trufado  de pruebas   y exámenes continuos, que convierte la educación  en un auténtico viacrucis  en el que  las condiciones   culturales y socioeconómicas familiares van a ser determinantes del  éxito escolar. La aplicación  de estas reválidas  supondrá un aumento del abandono  y el fracaso  escolar.

La Educación  debe  garantizar   al alumnado   la igualdad  de oportunidades.   Esto se ve gravemente amenazado con las vías segregadoras que se proponen  en el proyecto de ley. Desde  los 13 años  se abren tres vías selectivas que suprimen   la formación  común  en la etapa obligatoria y atentan contra la igualdad real de oportunidades

Esta ley supone  un ataque brutal  a la Participación   y organización   democrática de los Centros Escolares. Nos parece completamente inaceptable que se mermen  aún  más las competencias   de los Consejos  Escolares de los Centros que pasan  a ser órganos  meramente consultivos  sin  apenas  capacidad  decisoria. Asimismo  nos oponemos   frontalmente a la “profesionalización” de  la dirección,  y a que  ésta sea elegida  por la Administración. Tampoco  estamos de acuerdo  en la  dirección  sea una gerencia  que pueda  incluso seleccionar a su plantilla de trabajadores. La dirección  de los Centros  debe  ser colegiada  y  elegida  democráticamente por la Comunidad  Educativa

Desde la certeza de que la Educación Pública debe vertebrar el Sistema Educativo para garantizar la cohesión y la convivencia, rechazamos las diferentes formas de privatización que se apuntan  en el Anteproyecto. No nos parece ni justo, ni recomendable,  ni bueno  para aumentar la calidad  del  Sistema, que  se promueva una "Nueva Gestión” empresarial de los centros. Nos parece un ataque innecesario  a los docentes y a su profesionalidad   que se pueda  desplazar   forzosamente al profesorado de un centro a otro, de una etapa a otra o de una asignatura a otra. Nos parece perverso que se fomente la competitividad  entre los centros y su especialización  (incluso  por  “tipología de alumnado”), estableciendo clasificaciones según  resultados en  rankings, como si de una  competición se tratara, máxime cuando la Administración Educativa debería  garantizar  la máxima  calidad  en todos los centros, no en unos  cuantos. Todos los centros deben  tener todos los recursos necesarios para atender al alumnado  adecuadamente, en función de sus necesidades y no en base a una competición basada en criterios que siempre son arbitrarios. Lo más importante no es que  algunas familias puedan  escoger los mejores centros, sino que todos los centros ofrezcan a todas las familias  la xima calidad. La educación  es un derecho, no una mercancía.

El dinero público  debe  ir prioritariamente a la Educación  Pública,  cuya gestión, titularidad y  funcionamiento  debe  ser también público.  Consideramos    que  seguir  aumentando conciertos  a centros que  segregan  por nivel socioeconómico, procedencia, cultura o ideología o sexo, perjudica no lo a la Educación  sino a toda la sociedad que necesita de un Sistema Educativo integrador, al servicio  de todo el alumnado. No estamos de acuerdo  en que se extiendan los  conciertos a la nueva formación  profesional   básica, al quedar incluida  en  la enseñanza  obligatoria; o que  se cobertura legal a los  centros concertados que  discriminan   al alumnado   en razón de su sexo, incumpliendo doctrina de Tribunal Supremo. Los principales cambios que se proponen en este sentido responden  a un pensamiento clasista y segregador.

Cambiar  Educación para la Ciudadanía por “Educación Cívica y Constitucional”,   parece obedecer a criterios ideológicos  más que  a criterios didácticos. Se pretende  privar  al alumnado de tratar cuestiones  morales desde  una  perspectiva laica, a la vez que se potencia aún más la educación religiosa como una materia más del currículo. En una sociedad que adolece de tantos valores, no parece oportuno  reducir espacios  de pensamiento. Pensamos que Educar a las personas  para ser ciudadanos/as activos y críticos  ha de ser el objetivo esencial,  sin adoctrinamientos  de ningún tipo.

Por todo lo anterior, los aquí presentes rechazamos el proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad  educativa (LOMCE) del gobierno del PP ya que a nuestro entender supone una  reforma regresiva, clasista, excluyente y segregadora, que  atenta contra el derecho a una  educación de calidad  en condiciones  de igualdad  y supone  una  vuelta al sistema de enseñanza  preconstitucional..

Pedimos la inmediata retirada del proyecto de ley y que  se abra un periodo de diálogo en el que se dé la voz a todos los  sectores de la comunidad educativa y a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para que desde el consenso avanzar hacia  un modelo  educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas.